Juan, Brisa, Luciano,… Tienen nombre, tienen familia y tenían una vida por delante. ¿Qué tienen en común? Los tres niños fallecieron en la vía pública víctimas de electrocución en los veranos de 2009 y 2022. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué cambió desde diciembre de 2009 cuando falleció Juan a diciembre de 2022 cuando falleció Brisa? ¿Cómo hacemos para que nuestros niños dejen de morir por siniestros eléctricos? ¿Cuántos niños deben morir para que se apruebe una ley nacional?
En septiembre de 2020 se presentó ante el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley Nacional de Seguridad Eléctrica impulsado por el Foro Nacional de Seguridad Eléctrica (FONSE). Se han cumplido más de dos años y aún no hay avances. Hace apenas unos días, una niña en Paraná perdió la vida al entrar en contacto con un poste de alumbrado público. Necesitamos que sea la última en morir por esta causa.
El proyecto de Ley Nacional de Seguridad Eléctrica fue desarrollado “con el fin de preservar la seguridad de las personas, el medio ambiente y los bienes”, según se afirma en su fundamento y agrega: “Existe una latente y muy peligrosa situación de inseguridad eléctrica en las instalaciones de baja tensión -tanto públicas y privadas- como consecuencia de la falta de legislación, regulación y de controles necesarios por parte del Estado (en cuanto a proyecto, ejecución y materiales utilizados)”.
La muestra de dicha situación de inseguridad puede verse reflejada en números. Nuestra Fundación elabora estadísticas nacionales -que publica en su sitio web- en base a la herramienta Google Alerts. Los datos son alarmantes: en 2022 hubo 718 siniestros en los que murieron 193 personas.
Del total de víctimas fatales el 74% fueron hombres. De las víctimas fatales de electrocución, el 23% tenían entre 0 y 20 años. Mientras que el 28% corresponde a jóvenes de entre 20 y 30 años. Por su parte, el 38% de las muertes por incendios de origen eléctrico corresponden a niños y niñas entre 0 y 10 años.
De los 718 los siniestros de origen eléctrico publicados en los medios, el 14,2% fueron electrocuciones, 20,8% electrocuciones fatales, el 57,2% incendios de origen eléctrico y el 7,7% incendios de origen eléctrico con víctimas fatales.
El segundo semestre del año pasado fue el que más siniestros tuvo, alcanzando un total de 102 muertes de origen eléctrico. Septiembre, noviembre y diciembre fueron los meses con más víctimas fatales con 20 cada mes.
Las provincias con mayor cantidad de siniestros son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Sin embargo, en todas las provincias de nuestro país se registró algún tipo de siniestro de origen eléctrico en 2022.
En la provincia de Córdoba nuestra Fundación elabora y publica estadísticas sobre siniestros eléctricos en base al relevamiento anual que se lleva adelante sobre los decesos registrados por esta causa en la morgue judicial. En este sentido, también estamos trabajando junto a la Fiscalía del Distrito 1, Turno 2 a cargo del Fiscal Dr. Guillermo González y el Ministerio Público Fiscal en la elaboración de un Protocolo por Electrocución para la provincia de Córdoba.
La Ley Nacional es la clave para evitar estas muertes ya que no sólo determina cuáles son las condiciones que se deben cumplir en las instalaciones privadas sino que además, siguiendo el modelo de la ley cordobesa, contempla la vía pública y le asigna a las gestiones la responsabilidad del mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la vía pública y los espacios de acceso público.
La inseguridad eléctrica es una problemática que nos afecta a todos y que nos pone en riesgo por desconocimiento o por omisión. Es responsabilidad de quienes nos gobiernan tomar dimensión de la importancia de la Ley para que podamos evitar más muertes por estas causas.
Desde diciembre de 2021 en la provincia de Córdoba se encuentra en plena vigencia La Ley de Seguridad Eléctrica 10.281. Después de sancionada en el 2015, fue la muerte por electrocución de Luciano ocurrida en enero de 2022 en una plaza de la capital cordobesa lo que terminó de otorgarle la envergadura a la misma que -entre sus puntos más importantes- determina que los municipios y comunas deben adecuar las instalaciones eléctricas de la vía pública y de los espacios de acceso público a la normativa.
La Ley de Seguridad Eléctrica en nuestra provincia es una herramienta que permite poner a salvo a las personas y a sus bienes, fruto del trabajo incesante de muchas instituciones y organizaciones que hicimos y hacemos por la Seguridad Eléctrica.